Entorno Fiscal (1a. Entrega)
Cultura Tributaria, el problema de Contribuir.
En el salón de clases con mis alumnos de impuestos en la universidad, a manera de introducción y rompe hielo, siempre inicio con la misma pregunta, ¿a quién le gusta pagar impuestos?, y por su puesto la respuesta no se hace esperar, a nadie, contestan por unanimidad, ¿Por qué?, vuelvo a preguntar, por la corrupción, porque no hay servicios públicos, a lo que los niños y los borrachos contestarían, porque se los roban.
Mi trabajo como catedrático desde luego es hacer conciencia de lo importante que resulta cooperar con los demás a solventar los gastos públicos y crear cultura tributaria desde las aulas y ojalá pudiera hacerlo también con los niños anteriormente referidos.
Lamentablemente, no son mentiras las respuestas a la pregunta anterior, no podemos ocultarlo, pero tampoco podemos ocultar que, si hay servicios públicos, quizás de mala calidad, quizás pudieran ser mejores, pero hay alguien que los está pagando y quizás no seamos nosotros.
Nos encontramos en un círculo vicioso en donde no hay servicios ni obras de calidad, pero si no pagamos impuestos, no hay servicios ni obra pública, si no hay servicios ni obra pública, pues menos pagamos impuestos y así tenemos siglos y siglos y no nos damos cuenta que en este ir y venir estamos todos involucrados, los no pagadores y los malos administradores, no nos damos cuenta que valen lo mismo los impuestos que no paga la iniciativa privada que los que son desviados por los funcionarios públicos, es decir es el mismo daño ocasionado al erario y como consecuencia al pueblo.
Esto no es de hoy ni exclusivo de nuestro país, sin embargo, evidentemente en el nuestro es mayor por tratarse de una sociedad en donde las necesidades y la falta de servicios son mayores y en consecuencia hay más resistencia al pago de impuestos.
Sin embargo, nos guste o no nos guste, estamos obligados, en términos de lo que establece artículo 31 Fracción IV de nuestra Constitución, que dice que todos los Mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, de manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes.
Tanto los Mexicanos, como los extranjeros con intereses en nuestro país, no solo están obligados a pagar impuestos, si no a cumplir con las demás obligaciones formales que obligan las disposiciones, que a veces resultan más costosas que las contribuciones que se deben de pagar, como son la misma autodeterminación de las contribuciones, presentar declaraciones provisionales y anuales, declaraciones informativas, como la declaración informativa de operaciones con terceros (Diot), declaración de operaciones relevantes, declaración de actividades vulnerables, declaración de la situación fiscal, emisión de comprobantes fiscales, envío de la contabilidad electrónica, dictamen fiscal, incluso permitir que las Autoridades ejerzan sus facultades de fiscalización y muchas, muchas más obligaciones, que aparte del costo administrativo que representa, se suma la molestia que ocasiona cumplir con todas estas, manteniendo a los ciudadanos siempre inconformes, y más renuentes a cumplir, sobre todo a las Mipymes que cuentan con una baja capacidad administrativa que ya quisieran utilizar este personal para generar rendimientos.
Cual sería lo que un Contribuyente esperaría para relativamente estar conformes y poder participar cooperando para el gasto público, seguramente, contribuciones baratas y fáciles, cosa que no se da en nuestro país, es por eso que siempre se está buscando optimizar el pago de los impuestos, a veces dentro de la Ley y muchas de las veces fuera, con el riesgo que esto representa y por el lado de las autoridades, implementando mecanismos, tanto voluntarios como coercitivos, todas, como ya lo dije, causando molestias a los contribuyentes y a los que no lo son también.
En nuestro país, en el año 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 10.8 millones de Mexicanos viven en pobreza extrema, 44.9 en pobreza moderada, 41.2 vulnerables, y solo, no pobres y no vulnerables 29.8 millones, ¿Cómo querer pagar impuestos con estas cifras?
El Centro de Investigación en Política Pública señala que el 99.8% de las empresas son Pymes, lamentablemente con un desempeño relativamente pobre y con una capacidad económica y administrativa insuficiente, a veces ni para pagar al contador, orillándolos nuevamente a resistirse a pagar impuestos y el reclamo constante por las acciones tomadas por la Autoridad Fiscal.
A mayo del 2022, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el número total de contribuyentes inscritos en el Padrón de Contribuyentes fue de 81.1 millones, en donde 47.3 millones son asalariados, 31.4 millones personas físicas, 2.3 millones personas morales y .082 millones, grandes contribuyentes.
Los asalariados, ven disminuir su poder adquisitivo, estancamiento de la económica familiar con impuestos que van del 0% y hasta el 35%; en las personas físicas y morales, que en su mayoría son Mypimes, con escasa o nula capacidad económica y administrativa, los obliga a no pagar impuestos, para poder sobrevivir y por último las grandes empresas que finalmente subsidian la actividad gubernamental y que por su tamaño, buscar el ahorro de impuestos se ha convertido en una tarea diaria, trayendo como consecuencia un impacto desfavorable en la economía del país.
Si a esto le sumamos, el incumplimiento de los principios de justicia tributaria, que prevé el Artículo Constitucional a que hice referencia, en donde se establece que las contribuciones deben de ser proporcionales, equitativas y reguladas por una Ley, que ocasiona inseguridad jurídica, competencia desleal, estancamiento de la economía, molestia, resistencia al pago, concentración de la riqueza en unos cuantos, pobreza y distorsión en las leyes secundarias.
En mi opinión, definitivamente, falta mucho para que estos principios sean cumplidos, por lo tanto, ¿cómo no pensar en buscar alternativas para aprovechar coyunturas, errores en las disposiciones fiscales o simular operaciones, con el único propósito de eludir y/o evadir el pago de impuestos.
Es claro entonces que en todos los niveles y en todos los sectores, buscar optimizar el pago de los impuestos, es una práctica ya del día a día, a como dé lugar y de diferentes maneras; dentro de la economía informal, con compra venta de facturas, esquemas de planeación fiscal agresivos, simulación de operaciones, compra venta de empresas con pérdidas y lo que es peor simplemente dejando de pagar con las consecuencias que esto conlleva, solo por instinto de sobrevivencia.
No nos queda entonces más que acudir a nuestra conciencia y civismo, tanto del que administra los recursos públicos como el que contribuye al gasto público, bajo la premisa de que ambos tienen como finalidad combatir la pobreza y mejorar los servicios públicos o bien todo lo contrario.
Para ello, es necesario, al establecimiento de mecanismos de fiscalización que no solamente establezcan reglas coercitivas, sino que también busquen concientizar al contribuyente y/o futuro contribuyente; incrementar la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno; una mayor vigilancia en el actuar de los que dirigen a nuestro país y administran los recursos públicos.
Hoy por hoy, sin restarle valor a los esquemas implementados por el Servicio de Administración Tributaria, haciendo uso de las tecnologías de la información y con el único propósito de incrementar la recaudación, han logrado incrementar la carga administrativa, el miedo y la incertidumbre de quienes razonablemente buscan cumplir y operar con tranquilidad, mientras que las grandes empresas que utilizan esquemas agresivos de planeación fiscal o que se dedican a vender estas, siguen operando enriqueciéndose de manera exponencial, con una estructura jurídica sólida y con recursos para poder defenderse.
Como ejemplo, podemos citar a las grandes empresas prestadoras de servicios o empresas fantasmas, que al ser prohibida la subcontratación y al crearse la lista negra, las pequeñas Outsourcing o empresas factureras (EFOS) desaparecen, pero subsisten las grandes, las que más se enriquecen y que, como ya lo dije, por su amplia capacidad jurídica y económica logran subsistir y seguir haciendo negocio, borrando del mapa a su competencia, que son las más pequeñas.
El caso también, de la reciente obligación del “Beneficiaro Controlador”, en donde las personas morales están obligadas a llevar un registro de los que se benefician de los rendimientos y/o controlan y toman decisiones de estas, con el propósito de identificarlos por temas de responsabilidad solidaria y lavado de dinero, sin embargo, yo no creo que la delincuencia organizada y los factureros vayan a registrar a sus accionistas y apoderados, pero que pasa con las Compañías que no tienen nada que temer, las legales, las cumplidas, seguramente lo van a hacer para evitarse las multimillonarias multas, que solo las que obtienen ganancias en la ilegalidad pueden pagar.
Y así podemos citar innumerables casos de injusticia, desproporción, inequidad, que otra vez, aumentan la resistencia a cumplir con las obligaciones fiscales sustantivas y formales y que constituyen el nuestro “Entorno Fiscal en México”.
El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto, Impuestos en Contexto, su autor y su equipo de trabajo, no asumen responsabilidad alguna en la interpretación o aplicación que el lector le pueda dar.
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